AGUINALDO PARA TODOS

En diciembre de 1945, el gobierno promulgó el decreto que instauro el sueldo anual complementario (SAC). La medida fue resistida y caratulada de insostenible por la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio y el diario La Nación, entre otros. La profecía estuvo muy lejos de cumplirse.

El 20 de diciembre de 1945, el gobierno de Edelmiro Julián Farrell y el coronel Juan Domingo Perón promulgó desde el Poder Ejecutivo, a través del decreto-ley Nº 33.302, la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones. Entre sus tareas, la flamante entidad tenía como objeto establecer una escala de sueldos básicos, el salario vital mínimo, una indemnización mayor por despidos y el sueldo anual complementario o aguinaldo. De esa forma, por primera vez los trabajadores comenzaban a recibir un dinero extra cada 31 de diciembre (se registra un antecedente en 1924, en Jujuy, propuesto por los diputados radicales Jorge Villafañe y Arturo Palisa Mujica, pero sólo se aplicó para personal local de servicio y ordenanzas públicos).

El decreto, en su artículo 45, decía que los empleadores estaban obligados a pagarles a sus empleados “el 31 de diciembre de cada año, a partir del actual, inclusive, un sueldo anual complementario”. Más adelante, el mismo texto explicaba: “Se entiende por sueldo anual complementario a la doceava parte del total de sueldos o salarios percibidos por cada obrero en el respectivo año calendario”. Y también se especificaba que los empleadores, luego de abonar el también llamado SAC, debían ingresar dentro de los siguientes cinco días hábiles en el Banco de la Nación Argentina el cinco por ciento del monto pagado por tal concepto. Así, entonces, quedaban facultados a retenerles el dos por ciento a sus obreros en el momento del pago. Mientras que el tres por ciento restante de esos fondos sería destinado para el fomento del turismo, el acondicionamiento de las colonias de vacaciones y “otros beneficios de índole social”.

Ante la medida, no tardó en llegar el rechazo de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, y entre otros tantos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso se organizó una asamblea, en la Bolsa de Comercio, convocada por la Junta de la Industria, el Comercio y la Producción. En su discurso, Eustaquio Méndez Delfino, presidente de la agrupación, argumentaba que nunca podía ser legítima una medida proveniente de un gobierno de facto. “Es la democracia contra el totalitarismo”, concluía quien, años más tarde, sería Ministro de Economía del gobierno de facto de José María Guido.

Desde la oposición, en tanto, el principal argumento hablaba de una medida demagógica por parte de Farrell para favorecer a Perón que se presentaba en la elecciones próximas de febrero de 1946. “El Gobierno revela una vez más su íntimo deseo de favorecer al candidato del nazifascismo… Si no hubiera una preocupación electoral, el Gobierno hubiera dado este decreto un año y seis meses atrás, dando tiempo a la economía para afrontar la situación”, decía el Comité Radical Universitario de la Capital Federal.

Una buena parte de la prensa también se opuso al decreto de aumento de salarios y aguinaldos. “Grave perturbación económica” fue el título del editorial del diario La Nación publicado al día siguiente de anunciada la medida. “De la política seguida en estas cuestiones surge la impresión de que el gobierno provisional piensa que el comercio, la industria y la producción pueden soportar todas las contribuciones requeridas por la justicia social, interpretada, naturalmente, en conformidad con sus puntos de vista”, decía en un fragmento del artículo el medio fundado por Bartolomé Mitre. En el que, además, en sintonía con la oposición mencionaba la palabra “fascismo”, “demagogia” y la convicción de que se actuaba “con el corazón y no con la cabeza”. Los diarios estadounidenses también se refirieron al decreto. Mientras The New York Times aseguraba que “se considera un recurso electoral a favor de Perón el aumento del 10 al 25 por ciento, más el aguinaldo”, el Herald-Tribune titulaba “El gobierno argentino aumenta los jornales en un 30 por ciento para atraer votos a favor de Perón”.

No faltó incluso quien –como la Acción Democrática de Ingenieros, Agrimensores y Técnicos (Adiat)– hablara de miseria y una guerra venidera luego de la medida. Y, con un tono menos catastrófico, la mayoría coincidía en que no se podría sostener en el tiempo. La profecía lejos estuvo de cumplirse, el decreto se implementó y el aguinaldo –pese a algunas modificaciones referidas al modo de calcularlo– se paga hasta los días que corren.